Están cultivando en una tierra muy fértil para alimentos, combustible para máquinas.

Entrevista con Carlos Leonel George de la Coordinadora de organizaciones populares del Valle del Aguán (COPA).
La Coordinadora de organizaciones populares del Aguán es integrada por organizaciones de base comunitaria, damos acompañamiento a la lucha campesina.

Honduras entre el terror y la esperanza: movimientos sociales en resistencia con un régimen autoritario


Honduras 2017


Charla informativa con Leonel George und Martin Fernández
Lunes, 26 de marzo 2018, 8 PM 
Lugar: : K19, Kreutziger Str. 19, Berlin-Friedrichshain







La precaria situación de miembrxs del movimiento social, ambientalistas y defensorxs de derechos humanos se agravó severamente desde las elecciones de finales de 2017. Casi 40 personas fueron asesinadas durante la represión de las protesta en contra del fraude electoral. La mayoría de ellas a manos de fuerzas estatales en el contexto de las protestas. La policía y los militares emprendieron prácticamente una cacería humana, aprovechando la represión de las protestas para eliminar líderes sociales en comunidades que resisten contra la venta neoliberal de sus territorios.
En enero de 2018 fueron asesinados dos miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia que luchaban en contra de hidroeléctricas, y mientras en la región del Bajo Aguán los militares reprimieron violentamente a los campesinxs. Desde hace décadas los movimientos campesinos en el Bajo Aguán defienden su tierra contra terratenientes y dueños de plantaciones de palma africana.

Conflictos por los recursos naturales y resistencia en Honduras


Conversatorio con Leonel George und Martin Fernández
Miércoles, 28 de marzo 2018, 7 PM
Mehringhof, Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin, 5. Etage

Con el golpe de Estado en 2009 y la conferencia „Honduras is open for business” en 2011, se marcó el camino neoliberal hacia la venta total del país. Desde entonces los intereses de las empresas nacionales y transnacionales están apoyados por autoridades locales y el gobierno de Honduras. La explotación radical de los recursos naturales es la meta de las empresas y la élite hondureña: energía hidroeléctrica, eólica y solar, minería y la explotación de la tierra para la agroindustria. En este concepto neoliberal no caben las comunidades indígenas y campesina.

Encuentro europeo en solidaridad con Honduras



Desde el golpe de Estado de 2009 en Honduras la situación de derechos humanos se ha agravado progresivamente. A raíz de esta situación, desde algunos países europeos surgieron personas y grupos solidarios que actúan en diferentes áreas, de diversas formas y con diferentes organizaciones en Honduras.
Después del asesinato de Berta Cáceres entendimos la necesidad urgente de unir esfuerzos, crear redes y generar acciones concertadas entre todos los grupos, con el fin de conseguir un impacto más grande. Conocemos el rol importante de la Unión Europea en la región centroamericana y especialmente en Honduras. Si conseguimos organizarnos entorno a una plataforma Europea para generar incidencia denunciando la injustas realidades del país, estamos segurxs que contribuiría a aportar protección a lxs activistas y organizaciones que con mucho riesgo trabajan día a día por una transformación real del su sociedad.

CADEHO, la red solidaria HondurasDelegation y la Oficina Ecuménica por la paz y justicia estamos organizando un encuentro de tres días con la idea de re/encontrarnos, mostrar y aprender de nuestras experiencias y comenzar a desarrollar visiones y estrategias comunes sobre nuestra lucha europea para Honduras.

Fecha: 15 al 17 de Junio 2018
Lugar: Berlín / Alemania

El encuentro se desarrollará en una casa-proyecto-alternativo con posibilidades de hospedarse.
Los costos de viaje tendrían que ser cubiertos por cada grupo o persona.
Desde Alemania estamos buscamos fondos para cubrir algunos gastos del encuentro.
Sí tienen interés en participar o cualquier otra pregunta sobre el encuentro, escríban a: cadeho@riseup.net

Para nuestra planificación necesitaríamos la confirmación de todxs lxs participantes hasta finales de Abril de 2018.

Saludos solidarios

Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit 

BERTA VIVE! 
Tegucigalpa 27 de enero 2018 - Fuente: Luis Méndez
 

Ocotepeque: 25 días de protesta - población sufre fuerte represión por los militares


Desde el 30 de noviembre de 2017 hasta el 27 de enero de 2018 la población de Ocotepeque expresó su descontento sobre el fraude electoral y la toma de posesión de Juan Orlando Hernández en la presidencia, activando tomas de carreteras durante 25 días.

La ciudad de Ocotepeque con aproximadamente 12.000 habitantes está situada en el sur occidental de Honduras, en la región donde se encuentra la triple frontera de Honduras, Guatemala y El Salvador. Una de las carreteras principales (CA-4) para el transporte de bienes hacia a El Salvador y Guatemala atraviesa la ciudad. Durante 25 días esta ruta fue parcialmente bloqueada, la mayoría de los bloqueos fueron pacíficos; menos los días 26 y 27 de enero de 2018. Para el día de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández el 27 de enero, fueron anunciadas protestas y bloqueos de carretera a nivel nacional.
El Gobierno desplegó estos días un fuerte dispositivo policial, ejército y Policía Militar. Solo en Ocotepeque durante esos dos días estaban estacionados cerca de 300 elementos de unidades diferentes del ejército y de la policía.

Nota de prensa

HondurasDelegation, Oficina Ecuménica por la paz y la justicia y del Centro de investigación y documentación Chile- Latinoamérica (FDCL)

Organizaciones y grupos de la Sociedad Civil exigen fin a las represiones y apoyo para un nuevo comienzo democrático en Honduras

Múnich/Berlin (19.12.2017) „La Unión Europea no debería de esconderse detrás del mandato técnico de la Misión de Observación Electoral y sentenciar el proceso de elección en Honduras como inconcluso. La realidad ya es otra: el plenamente desacreditado Tribunal Supremo Electoral ha declarado al Presidente actual Juan Orlando Hernández como electo, después de un proceso fraudulento. Con mayor razón la Unión Europea y los gobiernos de sus Estados miembro tienen que mostrar urgentemente una postura clara, para impedir más derramamiento de sangre y así respetar la voluntad de la población en Honduras. La sociedad civil en Honduras espera acciones políticas, para que su deseo a un nuevo comienzo democrático sea tomado en cuenta. La forma legalista y técnica de actuar de la Unión Europea pone más leña al fuego a la de por sí situación crítica, que cada hora aumenta“, señala Andrea Lammers, encargada de Honduras de la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia en Múnich. 

“La Policía Militar que tiene JOH ha conformado los escuadrones de la muerte”

POR DICK & MIRIAM EMANUELSSON TEGUCIGALPA / 2017-12-11 /

La ex comisionada de asuntos internos de la Policía Nacional, María Luisa Borja, acusa al presidente Juan Orando Hernández por haber creado, a través el nuevo cuerpo policial-militar, los escuadrones de la muerte, que según Borja, operan y ejecutan asesinatos durante el estado de sitio y el toque de queda. Ese nuevo organismo, que posee de 11.000 unidades, “está bajo órdenes de Juan Orando Hernández”, dice en la siguiente entrevista explosiva.

Carta abierta a los respetables miembros del cuerpo diplomático internacional y organismos internacionales con presencia y/o enfoque en Honduras

Lunes, 20 de noviembre del 2017
Asunto: Preocupaciones por la expulsión de defensores y defensoras internacionales de derechos humanos por parte de las autoridades hondureñas.

Honorables Señores y Señoras,
Los y las cinco ciudadanos y ciudadanas firmantes de esta carta, nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de informarles y expresarles la preocupación sobre nuestra situación, cuatro ciudadanos europeos, defensores de derechos humanos, y un ciudadano colombiano, periodista, que desde el 2016 somos objeto de un proceso administrativo de expulsión por parte del Estado de Honduras.

Las personas afectadas son:
Giulia FELLIN, de nacionalidad italiana y alemana, miembro de la Hondurasdelegation, un colectivo de personas y grupos que trabaja en la observación de derechos humanos desde el 2009; Luis DIAZ DE TERAN, de nacionalidad española, defensor y observador de derechos humanos; Marine PEZET, de nacionalidad francesa, excoordinadora de PROAH, Proyecto de Acompañamiento Internacional a defensores de derechos humanos en Honduras; Heike ENGEL, de nacionalidad alemana, defensora de derechos humanos y periodista independiente; y Víctor Hugo SOTO GALEANO, fotógrafo periodista, de nacionalidad colombiana.

Contexto:
Luego del asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres el 2 de marzo del 2016, incrementaron los ataques y las amenazas contra defensores nacionales e internacionales de derechos humanos, en particular contra defensores internacionales que acompañaban al COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), organización que lideraba Berta Cáceres. Un ejemplo de ello son los ataques y actos de intimidación a participantes y observadores internacionales durante el Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive” , el 15 de abril del 2016, en el cual se encontraban Giulia Fellin, Luis Díaz, Heike Engel y Marine Pezet.

El 9 de mayo del 2016, tuvo lugar una manifestación pacífica del COPINH, frente a Casa Presidencial, la cual fue violentamente reprimida. Los y las defensores internacionales Giulia Fellin, Luis Díaz y Heike Engel estuvieron presentes, observando y documentando los hechos.

El 10 de mayo del 2016, el señor Jorge Ramón Hernández Alcerro, Secretario Coordinador General del Gobierno hondureño, afirmó públicamente que se ordenó a la Dirección de Inteligencia del Estado y al Instituto de Migración para que “proceda a identificar a los extranjeros que participan en ese tipo de manifestaciones, incitando a la violencia, y que se aplique los procedimientos que la ley establece”, y que “abrirán una investigación a los extranjeros que participan en las protestas del COPINH y que incitan a la violencia”.

A partir del 10 de mayo del 2016, se produjeron diversos pronunciamientos e intimidaciones directas relacionadas con el trabajo realizado por Giulia Fellin, lanzando una campaña de desprestigio en su contra, por la cual se vio forzada a abandonar el país.

Las demás personas arriba mencionadas también salieron del país en las semanas siguientes, aunque no recibieron una notificación oficial escrita acerca de una alerta migratoria en su contra. Además, en junio del 2016, una representante de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización, expresó que en ningún momento se había emitido una resolución de expulsión.

Sin embargo, el 25 de octubre de 2016, el defensor de derechos humanos Luis Díaz, intentó ingresar de nuevo a Honduras. Fue abordado por agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes lo detuvieron y le aplicaron el procedimiento administrativo de expulsión. Fue expulsado sin que se le permitiera impugnar la decisión de expulsión de Honduras, y ningún documento le fue entregado.

Después de este incidente, los demás observadores europeos decidieron investigar, con el apoyo de abogados hondureños miembros de organizaciones de derechos humanos, si había una alerta migratoria en su contra y podría aplicarse un proceso similar en contra de ellos.

En febrero del 2017, un abogado hondureño logró tener acceso a un documento del Instituto Nacional de Migración, de fecha “030 [sic!] de mayo del 2016”, dirigido a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en el que se pide proceder a la expulsión de las cinco personas arriba mencionadas.

Desde ese entonces, abogados y abogadas hondureñas, se han comunicado con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Derechos Humanos, y han hecho numerosas gestiones para lograr acceder al expediente de dichas expulsiones.

Aunque la expulsión en contra de los cinco ciudadanos fue confirmada por los funcionarios hondureños, se les notificó a los abogados y las abogadas que el expediente se extravió. A pesar de numerosas comunicaciones con diversas autoridades hondureñas, y su compromiso oral de encontrar el expediente, hasta la fecha, ni el expediente, ni la resolución de expulsión, nos han sido entregadas, tampoco a nuestros abogados y abogadas.

A un año y medio después de los hechos, nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas extranjeros, nos encontramos en la imposibilidad de volver a Honduras y de poder impugnar la resolución emitida en nuestra contra.

Solicitamos que miembros del cuerpo diplomático y organismos internacionales de derechos humanos expresen ante las autoridades de Honduras la importancia del rol del acompañamiento internacional en la defensa de los derechos humanos y que les insten a:
  • Brindar información sobre el proceso administrativo en materia migratoria que se aplicó a Luis DIAZ DE TERAN para su detención y expulsión, así como a los demás 4 ciudadanos y ciudadanas extranjeros, requiriendo información y el acceso al expediente al Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización;
  • Revertir la decisión porque la orden de expulsión es injustificada y perjudicial para el trabajo de defensa de los derechos humanos en Honduras;
  • Realizar investigaciones prontas, oportunas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre todas las alegaciones relativas a actos de amenazas y ataques contra personas defensoras nacionales y extranjeras en Honduras;
  • Tomar medidas urgentes para implementar la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones, de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente reconocidos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 09 de diciembre de 1998 y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad.
  • La Asamblea General de la OEA, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la importancia de la labor de las defensoras y defensores en el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático. Por ello, los firmantes solicitamos al cuerpo diplomático y animamos a la comunidad internacional a acercarse activamente a los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras con el objetivo de ofrecerles apoyo y protección en el marco de las Directrices de la Unión Europea para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, y de otros instrumentos y mecanismos internacionales existentes para tal fin.
Atentamente:
Luis DIAZ DE TERAN
Heike ENGEL
Giulia FELLIN
Marine PEZET
Víctor Hugo SOTO GALEANO

México Y Centroamérica - energías alternativas y nuevos caminos

Presentación con Gustavo Castro

Miercoles 8. Noviembre 19:00 horas
Aquarium, Skalitzer Str. 6, 10999 Berlin



Desde hace mas de 20 años, Gustavo Castro defensor mexicano del medio ambiente, viene trabajando con los movimientos de base en contra de megaproyectos extractivos y por la defensa de derechos humanos. La discursión tendrá el enfoque sobre la generación de energía alternativa desde “abajo” desde la base, hablando sobre las resistencias múltiples de la población indígena y campesina, viendo las posibilidades de fortalecer redes nacionales e internacionales.

La libertad de acción de defensorxs de derechos humanos y ambientalistas esta siendo cada vez mas restringida. México y Centroamérica forman parte de la región mas peligrosa para activistas de derechos humanos. En el año 2016 Gustavo Castro sobrevivió un atentado, en el que Berta Cáceres, defensora hondureña de derechos humanos reconocida a nivel internacional fue asesinada. Activistas de comunidades indígenas y no-indígenas del área rural, de organizaciones no gubernamentales arriesgan su vida en defensa de su hábitat, resistiendo a las empresas transnacionales, la explotación y la venta de sus tierras. 
 

Miercoles 8. Noviembre 19:00 horas
Aquarium, Skalitzer Str. 6, 10999 Berlin
Entrada libre
Organiza : Cadena de Derecho Humanos (CADEHO) y FDCL e.V. Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika

Caminar por sí misma – en zapatillas o en tacones



Los derechos humanos y la libertad de acción de la comunidad LGBTI en Honduras

Después del golpe de estado de 2009 se multiplicaron las noticias sobre homicidios contra sindicalistxs, activistas ecologistas y defensorxs de los derechos humanos en Honduras. Entre las víctimas de la represión brutal también se encuentran muchxs activistas que defienden los intereses de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans e intersexuales. Sólo en el periodo de 2009 a 2014 fueron asesinadas casi 200 personas LGTBI. El artículo 3 de la Constitución de Honduras establece la igualdad de todas las personas ante la ley: en teoría todo el mundo tiene los mismos derechos, no se permite la discriminación basada en motivos de nacionalidad, origen, género o religión. Pero nada más lejos de la realidad hondureña: en la vida cotidiana de los miembros de la comunidad LGBTI y de sus familias son habituales la discriminación, la exclusión, la agresión, la estigmatización y la violencia. Hasta el 98 por ciento de los delitos de violencia quedan impunes y los delitos de odio todavía hoy no se sancionan como tales.

Anna-Lena Glesinski (Traducción: Julia Eggers) publicado en ila (2017) Ed. 502
A menudo los propios agentes de policía, militares o fuerzas de seguridad están implicadxs en actos violentos contra la comunidad LGTBI, se cruzan de brazos o se burlan de las víctimas. ¿Cómo es posible denunciar tales actos cuando lxs investigadores mismxs a su vez son lxs autorxs? La así llamada “depuración de la policía” –para la cual hace dos años se creó la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional– se considera una farsa entre los miembros de la población civil.

De todas las personas afectadas, las más vulnerables son las mujeres trans, ya que en la sociedad todavía hoy es común considerar que sufren de una enfermedad mental. Muchas mujeres trans se ven obligadas a entrar en el trabajo sexual porque no encuentran otro empleo, una situación que incluso ha empeorado desde 2009. A esto hay que añadir que las Maras a menudo exigen a lxs trabajadorxs sexuales que vendan droga por la noche. Tarde o temprano la emigración se convierte en la última esperanza y en la única vía de escape de los peligros a los que están expuestxs en Honduras. La mayoría decide huir a Estados Unidos; con un poco de suerte consiguen pedir asilo ahí. Aquellos miembros de la comunidad que se comprometen con la defensa de los derechos humanos dentro de su colectivo están especialmente sometidos a riesgo. Sólo en el periodo entre junio de 2015 y octubre de 2016 murieron doce activistas por delitos de odio, incluyendo en muchos casos torturas graves.

Miss Arcoiris Foto: HondurasDelegation
Paola Barraza fue integrante del grupo de mujeres trans Muñecas de Arcoíris y miembro de la junta directiva de la Asociación LGTB Arcoíris durante ocho años. Durante los meses anteriores a su asesinato había sido víctima de ataques y amenazas de muerte en repetidas ocasiones. En una de ellas fue gravemente herida a las puertas de la organización al ser disparada varias veces. En otro ataque, sus agresores hicieron referencia directa al caso de Angie Ferreira, asesinada en junio de 2015. La muerte de Violeta Rivas, a su vez, muy probablemente está relacionada con su testimonio en el caso Ferreira. El asesinato de René Martínez –que pertenecía al partido de gobierno de derechas, el Partido Nacional de Honduras– pone en evidencia que los delitos de odio van explícitamente dirigidos a todo el colectivo y no a un espectro político en particular. Martínez fue presidente de la Comunidad Gay Sampedrana, una organización de la comunidad homosexual de San Pedro Sula, y fue hallado brutalmente asesinado el 3 de junio de 2016. Según los medios de comunicación había tenido la intención de implicarse más en el partido con el fin de consolidar los derechos de la comunidad LGTBI de derechas en el país.

En los últimos años, el movimiento para la diversidad sexual –y con ello, la comunidad LGTBI entera– ha ganado visibilidad en la sociedad hondureña: en momentos de máxima tensión y amenaza, la comunidad se une y se fortalece a sí misma. Las organizaciones de la sociedad civil sustentan esa tendencia: la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, una de aproximadamente 15 organizaciones LGTBI, vela por los derechos de la comunidad desde 2003. Entre los objetivos de la asociación figuran tanto la organización y el empoderamiento de la comunidad LGTBI como el reconocimiento por parte de la sociedad, la defensa de los derechos humanos, la educación sexual, los derechos reproductivos y el acceso a la asistencia médica. Por otro lado, en las diversas tareas cubiertas por Arcoíris también entra la preparación de los cuerpos de personas asesinadas para devolverlas a sus familias.

Frente a la discriminación, las amenazas y las agresiones que se producen no sólo en el espacio público sino a menudo también en el círculo familiar más íntimo, la organización ofrece un lugar seguro y una sustitución de familia, un lugar donde intercambiar experiencias con otras personas LGTBI y juntarse con amigxs y miembros de la familia en seminarios, formaciones, acompañamiento psicosocial y actividades de ocio. La madre de un joven trans dice: “Estoy orgullosa de formar parte de Arcoíris. Aquí todos somos iguales. El acompañamiento de la asociación me ayudó a aceptar el género de mi hijo. Aquí puedo hablar abiertamente de todo. Aquí encontramos un segundo hogar, un lugar para ser libres.”

Una vez al año se otorga el título de Miss Arcoíris. A diferencia de otros concursos de belleza, aquí no sólo entran en la puntuación los estándares de la pasarela: también se valoran las declaraciones de lxs candidatxs sobre legislación y derechos LGTBI. La Miss Arcoíris en funciones también se pronuncia positivamente sobre la comunidad: “La casa es un hogar, un refugio donde puedo ser yo misma. Supe de la casa Arcoíris a través de una prima. En el momento en el que llegué me sentí normal, como todas las demás. Este es mi sitio. Aquí quiero estar.”

Donny Reyes, líder de la organización, es considerado el “padre” de la familia Arcoíris. Su dedicación incondicional y el calor humano que los miembros de la organización transmiten, proporcionan a las personas recién llegadas una nueva seguridad de sí mismas y las llevan paso a paso a una vida autodeterminada en su identidad real. Empowerment, empoderamiento, aquí significa aprender a caminar por sí misma, ya sea en zapatillas o en tacones.

Mientras tanto, el número de personas que participan en las marchas de protesta en la capital Tegucigalpa aumenta cada año. Lo que en 2008 fue un puñado de activistas LGTBI, durante el año pasado se ha convertido en un grupo considerable de más de 500 personas. Estos avances positivos y la eventual expansión del espacio para una vida libre y autodeterminada de la comunidad LGTBI permiten a los miembros de la Asociación LGTB Arcoíris hacer frente a las amenazas constantes y la criminalización de la organización, que desde hace unos años está bajo protección policial: una decisión difícil teniendo en cuenta la desconfianza hacia las autoridades que vive el colectivo.
Esdra Yaveth Sosa Sierra es coordinadora de la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras. Su posición le expone a un riesgo mayor: en 2015 tuvo que huir del país durante un tiempo tras ser perseguida y observada continuamente por desconocidxs.

Gracias al trabajo constante por parte del movimiento por la diversidad sexual y la estrecha red de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional se registran algunos éxitos importantes en la consolidación de la comunidad LGTBI, entre ellos las reformas de los artículos 321 y 321a del Código Penal. Este artículo tipifica la discriminación por odio o desprecio por motivos de género, religión, origen, nacionalidad, pertenencia a grupos indígenas o afrodescendientes, orientación sexual o identidad sexual como delito con agravantes. Para ese delito se prevé –además de una multa– una condena de prisión de entre cinco y siete años. La pena aumenta si se trata de un acto con violencia.

Sin embargo, las reformas del derecho penal previstas por el presidente actual, Juan Orlando López, frustrarán todos estos esfuerzos. El proceso de reforma se desarrolla a puertas cerradas, y los pocos proyectos que se presentan a la sociedad civil no son significativos; se trata de conferencias de prensa unilaterales por parte del congreso en las que el posicionamiento de las organizaciones no gubernamentales no tiene cabida. 

En respuesta a estas reformas previstas, en septiembre del año pasado la Articulación 611 (una alianza de diferentes organizaciones con el fin de formular críticas y propuestas referente al nuevo código penal) publicó un pronunciamiento y se reunió para demandar que se suspenda la aprobación del nuevo código penal por vulnerar los derechos humanos en Honduras. Según esta alianza, las reformas representarían una grave contradicción con el sistema jurídico del país y de la Constitución.
 
El gobierno actual del Partido Nacional simplemente ignora a la comunidad LGTBI. Muchas víctimas de la discriminación y de delitos de odio señalan la fuerte influencia de la iglesia en un estado supuestamente laico. La cuestión es cómo se pretende que cambie la situación cuando incluso la representante del secretariado de derechos humanos se pronuncia de una manera muy hostil sobre la comunidad LGTBI, negándose a tomar asiento al lado de esta gente “inculta y vulgar”.

La creciente militarización del país y las limitaciones cada vez mayores del margen de acción tanto para organizaciones de la sociedad civil como para lxs defensorxs de los derechos humanos hacen que aumente el número de personas que se ven obligadas a emigrar, en la mayoría de los casos hacia los EE. UU. o Europa. El 30 de junio de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución 32/2 que hace referencia a la protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Esto es un éxito internacional del movimiento para la diversidad sexual. Cabe esperar que bajo la presidencia de las Naciones Unidas de António Guterres y la observación crítica de la sociedad civil internacional se siga avanzando en esta dirección.

La Red Trans en Tegucigalpa (2014): En el centro (en camisa de cuadros), Paola Barraza, miembro de la junta directiva de Arcoíris y asesinada el 24 de enero de 2016; detrás de ella a su derecha Angie Ferreira; tercera a la derecha, Frenesys. Foto: Red Trans